La semana pasada se publicó la siguiente noticia: el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos meses una ley que unificará la formación profesional del sistema educativo con la formación profesional para el empleo, con el objetivo de que constituya una palanca para el crecimiento económico. Aenoa considera que es un grave error que provocará que durante 1 año el sector económico de la formación esté sin financiación, “en tierra de nadie”, desnortado, sin rumbo, y lo más grave, la supuesta unificación no solucionará ningún problema de reciclaje profesional, cualificación o creación de empleo, al contrario, lo agravará.
Los problemas actuales de la formación continua son varios, entre ellos la no participación de los trabajadores de las pymes, la nula presencia de los trabajadores autónomos, la escasa financiación, el papeleo excesivo, la indefinición de los PIF, poca libertad para diseñar cursos, trabas como la cofinanciación y la información a la RLT, excesivo requisitos administrativos, complicación de trámites y dejar de sancionar las incidencias menores (plazos y periodos).
El presidente del Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación que tendrá entre sus prioridades mejorar el funcionamiento del mercado laboral, lo que pasa por apostar por la educación y, en concreto, por la formación profesional. Pero cae en la gran equivocación de reformar la formación para el empleo, entrando en un periodo de inestabilidad en el sector, pérdida de tiempo en el desarrollo y puesta en marcha de la nueva Ley, ir hacia un horizonte indeterminado, con una propuesta incoherente y sin ningún sentido. Esta medida ya la realizó la Comunidad de Andalucía y visto el laberinto y el enredo que montó, a los tres años retrocedió y volvió al punto de partida.
Por otro lado, la nueva propuesta y todas sus actuaciones, como convertir aulas en centros tecnológicos, hacer aulas de emprendimiento, para la formación digital y verde, etc, no solucionará el problema actual de un 48% de la población activa sin título o cualificación, aunque intenten poner en marcha una medida política de acreditar la experiencia laboral de tres millones de ciudadanos hasta el año 2024.
Los políticos confían en que esa reforma de la Formación Profesional sirva para aumentar la tasa de empleo entre jóvenes y buscará el apoyo de las comunidades autónomas para acreditar la experiencia profesional de los jóvenes que no tienen titulación. El objetivo es multiplicar la acreditación de la formación, y analizar cómo reformar los contratos de formación, pero el problema no se soluciona con parches, ni con la unificación de la Educación y Formación en un solo Ministerio.
Ya en noviembre de 2020 el Gobierno decidió regular una nueva Ley de Formación Profesional(FP) que permitirá unificar las acciones del sistema educativo con la formación para el empleo con el fin de reforzar la formación dual. Era consecuencia de las nuevas funciones atribuidas a los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía social, recogidas en dos reales decretos, y que se traducen en que el Ministerio de Educación y FP asume la gestión de la nueva competencia en Formación Profesional para el Empleo asociada al Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, tras la unificación de la FP del sistema educativo y la FP para el empleo.
A partir de esa fecha, el Ministerio de Educación se encarga de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de Formación Profesional del sistema educativo y de parte de Empleo. Todo va unido a un enredo descomunal de atribuciones, personal, fondos asignados, estructura orgánica, competencias, etc. Aunque en un lenguaje político se hable de «mayor eficiencia y dada la probada experiencia de cogestión», y que se mantendrá el nivel de colaboración y coordinación, la experiencia dice que la medida será improductiva.