La ley de Formación Profesional de Andalucía pretende reformar a fondo una enseñanza que ha dejado de ser de segundo nivel para recibir una alta demanda. El reto es elevar el número de técnicos de grado medio, un déficit del país, mejorar la formación y las salidas al mercado laboral a través de una adaptación de ésta a las nuevas necesidades de innovación y tecnología. Además se crea el Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, que incorpora la FP Inicial, la FP para el Empleo u Ocupacional, la orientación y la evaluación de las competencias profesionales. 
La relación entre la FP y el sistema productivo se quiere llevar hasta el fomento del emprendimiento y la implicación de las empresas tanto en la organización de los estudios como con la contratación de los alumnos. Se extenderá la formación profesional dual, que combina las clases con la formación en las empresas. La inserción laboral será un parámetro principal en los planes de auditoría de calidad que se llevarán a cabo.
Igualmente, para fomentar el emprendimiento, tanto en la FP Inicial como en la Ocupacional se promoverá el desarrollo de proyectos empresariales ligados a la innovación y a la transferencia tecnológica, sobre todo en relación a las iniciativas sociales y al medio rural, estos últimos con apoyo de las personas mayores, para fomentar el aprendizaje intergeneracional.
El profesorado podrá impartir todas las ofertas formativas de su especialidad, y no sólo en la FP inicial, y también podrán impartirla profesionales especializados. Los docentes tendrán programas de puesta al día en su especialidad, incluso con estancias formativas en empresas.
