La actual crisis del sector.
Este refrán español se utiliza para explicar el daño que se hace a una persona o entidad sin que nadie asuma su parte de responsabilidad. Y encaja perfectamente con la situación actual de las Autoescuelas de España, que la están maltratando y asfixiando por parte de los funcionarios examinadores de tráfico, la DGT, y el Ministerio del Interior, donde todos descaradamente se pasan la pelota y no aplican soluciones a la actual crisis del sector.
Parece ser que a los examinadores se le exige un grupo C, es decir con una titulación para el ingreso de bachiller o técnico, o incluso título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Lo que quiere decir que en su mayoría no son Universitarios (Diplomados o Licenciados), y entre las funciones que desempeñan esta categoría están las de seguimiento, registro, comprobación, incorporación de datos o atención al público, y por ello el sueldo estimado se considera medio.
Al mismo tiempo estos funcionarios exageran indicando que sufren acosos, provocaciones y palizas cuando suspenden a los alumnos en los exámenes prácticos de los carnés de conducir, y que están al mismo nivel de agresiones que los funcionarios de prisiones, árbitros de tercera división, taxistas, conductores de autobuses, profesionales de farmacias o policías. Las estadísticas dicen que estos argumentos son falsos y están muy alejados de la realidad.
La presión de los funcionarios examinadores de Tráfico empezó en 2015 donde señalan que el gobierno les prometió una subida de sueldo, pero a finales de ese año empezaron muchos meses de No gobierno y la situación política cambio de un modo radical. Por otro lado, si estos examinadores solicitan un aumento de sueldo de 250 euros al mes, otras categorías como celadores, conserjes, pinches, auxiliares administrativos, agentes forestales, etc, también pedirían su equiparación.
El impreciso Director de Tráfico señala que la DGT no tiene competencias para autorizar la subida retributiva que piden los examinadores, y por otro lado el Ministerio de Hacienda argumenta que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a dichas subidas retributivas.
Resumiendo, las Autoescuelas siguen pagando los impuestos y las tasas de los alumnos, mientras que la Administración (que cobra por adelantado) no presta el servicio público a que está obligada. En la actualidad muchos alumnos necesitan su permiso de conducir para trabajar, desplazarse o para oposiciones, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) no ofrece ninguna solución, causando un gran perjuicio económico a todo el sector.
Hasta la fecha hay más de 250.000 personas que se han quedado sin examinarse, más de 140 Autoescuelas cerradas y 80 millones de euros que ha dejado de ingresar el sector.
“entre todos la mataron y ella sola se murió”.
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