Según informan algunos medios de comunicación de ámbito estatal, las ayudas para formar a trabajadores duplican su importe al incorporar parte de los fondos no gastados en los años 2015, 2016 y 2017. El Ministerio de Trabajo (antes Ministerio de Empleo), negocian con los agente sociales la próxima convocatoria de 2018 de ayudas públicas para impartir cursos de formación a ocupados, que serán más de 400 millones de euros, de los cuales 350 millones se concederán como subvenciones igual que en años anteriores, y los restantes 50 millones mediante el nuevo procedimiento de Licitaciones en concurso público.
En los años anteriores se utilizaban cantidades muy bajas, por ejemplo en la convocatoria de 2014 unos 181 millones, en 2016 unos 240 millones, mientras que en 2015 y 2017 no hubo convocatoria. Si el sistema sigue adelante, parece que será la primera vez que se utilice parte de los fondos no consumidos en años anteriores, dinero no gastado que proceden de la cuota de formación (0,7% de Formación Profesional) que aportan las empresas y trabajadores en sus nóminas, y que parece que desde el año 2015 sobrepasan los 1.500 millones. También sería la primera vez que se utiliza el modelo de Licitación.
Los 400 millones de euros ya aparecían en los Presupuestos que dejó elaborados por el gobierno anterior, y estaban basado en la Ley 30/2015, por el que se regula el sistema de formación para el empleo, aunque el sector ha sufrido varios años de parálisis sin convocatorias y con impugnaciones por parte de los agentes sociales. Algunas empresas no han solicitado subvenciones y otras han devuelto cantidades importantes, especialmente por el error de obligar a destinar sólo el 60% de la financiación y esperar más de 2 años para cobrar el otro 40% restante.
Este año se ha puesto en marcha la convocatoria estatal de TIC con la cantidad mínima de 50 millones de euros, junto a 10 millones mediante Licitaciones en concurso público que está paralizada. La crítica del sector es que las subvenciones sólo valen para impartir la formación transversales y generalistas, pero no para cursos especializados y de alta cualificación, como los de competencias digitales aprobados en mayo de este año.
Hasta la fecha el Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales tres borradores de órdenes ministeriales para desarrollar el reglamento que modifican el catálogo de especialidades formativas, el registro estatal de centros y las bases para conceder las subvenciones. Uno de los cambios se refiere a los módulos económicos con que se quiere ahora simplificar la justificación de las subvenciones. Esos módulos reducirían la burocracia y los gastos de gestión de los cursos, porque evitarían a los centros de formación tener que aportar la enorme cantidad de documentación que ahora se les exige.
El borrador de Trabajo reduce el porcentaje de ejecución del curso, del 35% al 25%, por debajo del cual el centro debe devolver la subvención. Y otro debate es ampliar el concepto de modalidad presencial a cursos que no requieren presencia física y sólo se apoyan en medios telemáticos y que se creen aulas virtuales donde los participantes ni siquiera están físicamente en el mismo espacio.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo (Empleo) prepara cambios en la estructura de Fundae, especialmente en el posible conflicto de interés de su gerente Ignacio Pérez Zurita, que fue ejecutivo de Confemetal y ha representado a CEOE y Cepyme en muchos foros y mesas de diálogo con el Ministerio.
