En los últimos años, el debate en torno a la bonificación de las acciones formativas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y los cursos obligatorios por las empresas, han tenido especial relevancia en el ámbito jurídico-administrativo, estableciéndose como un punto clave dentro de la gestión de la formación bonificada o programada. Este blog indica los antecedentes, las implicaciones legales y los desarrollos recientes derivados de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2022, así como de los posicionamientos posteriores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Aproximación jurídica y contexto del debate.
En 2019, la Inspección de Trabajo inició un proceso de revisión que culminó en la impugnación de bonificaciones vinculadas a formaciones obligatorias en PRL, acompañado de sanciones administrativas significativas. Posteriormente, la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en marzo de 2022 consolidó un criterio restrictivo, generando un panorama de incertidumbre normativo y operativa para empresas y gestores de formación.
Cabe subrayar que esta sentencia, aunque vinculada a un caso particular, sirvió para crear debates en el marco de organismos como FUNDAE, Sepe, CEOE y la propia Inspección de Trabajo, generando tensiones entre los actores implicados y abriendo interrogantes sobre la aplicabilidad de las bonificaciones en PRL.
La Intervención del SEPE.
Tras un periodo de incertidumbre y múltiples gestiones realizadas por asociaciones empresariales, el SEPE emitió en octubre de 2023 un pronunciamiento que marcó un cambio de rumbo. Se instruyó a las delegaciones territoriales para que no se cuestionaran ni se incidentaran o anularan cursos en PRL financiados bajo el esquema de formación programada mientras no se promulgara una normativa específica que clarificara este ámbito.
Esta rectificación del SEPE ha tenido un impacto inmediato, permitiendo la reactivación de las gestiones de bonificación para cursos como los de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y la Tarjeta Profesional del Metal (TPM), restableciendo un grado de certidumbre operativa en las prácticas formativas de las empresas.
Fundamentación Jurídica.
Algunos informes jurídicos ponen de manifiesto las siguientes conclusiones clave:
- Limitación del alcance jurisprudencial de la sentencia: La resolución de la Audiencia Nacional no establece un precedente vinculante, dado su carácter específico y contextual.
- Inexistencia de exclusiones normativas expresas: En el marco jurídico actual, no se observa ninguna disposición que restrinja la bonificación de formaciones en PRL.
- Interpretación restrictiva del Estatuto de los Trabajadores: La limitación recogida en el artículo 23.3 del Estatuto se refiere al cómputo de formaciones obligatorias dentro del permiso retribuido, sin excluir su bonificación.
- Caducidad de normas anteriores: Legislaciones previas, como el RD 395/2007 y la Orden TAS/2307/2007, que imponían restricciones temporales a las acciones formativas, están derogadas y carecen de aplicabilidad en el contexto regulatorio actual.
Contribuciones a la Formación Bonificada.
La formación programada, lejos de ser concebida como una subvención, representa un mecanismo de devolución de aportaciones empresariales, dotando al tejido productivo de herramientas esenciales para su desarrollo. Entre sus beneficios destacan:
- Fortalecimiento de la competitividad empresarial: Potenciando la productividad y la capacidad adaptativa.
- Mitigación de la siniestralidad laboral: A través de formaciones que refuerzan la seguridad y el cumplimiento normativo.
- Fomento del empleo cualificado: Proporcionando habilidades alineadas con las demandas del mercado.
Basada en toda la información anterior, Aenoa pone en marcha un Curso de Bonificación de Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y Formación Obligatoria, durante los días 30 y 31 de enero de 2025, en la modalidad Aula virtual. Este curso está diseñado para que profesionales y técnicos especializados en formación empresarial adquieran competencias clave en la gestión y organización de cursos obligatorios y bonificados de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y materias relacionadas. Los participantes aprenderán a coordinar estas acciones formativas en sectores como la construcción, transporte, agricultura y servicios, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y optimizando los procesos de justificación ante Fundae.
En esta formación, se abordarán estrategias prácticas para asegurar la bonificación de cursos obligatorios y de PRL, con un enfoque especial en auditorías internas y trazabilidad de datos. También se tratarán temas emergentes como formación obligatoria en otras materias.
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