El marco regulador delimitado por la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017 define los aspectos clave que sustentan la implementación de la formación bonificada. Dentro de estos se encuentran la participación de la representación legal de los trabajadores (RLT), la organización en grupos empresariales y la cofinanciación privada, que son componentes estructurales y mecanismos que potencian la efectividad del proceso formativo.
La intervención de la RLT asegura la equidad y transparencia del proceso, al tiempo que promueve un compromiso bidireccional entre la empresa y los trabajadores. La organización de la formación a través de grupos empresariales posibilita una optimización de los recursos financieros y humanos, mientras que la cofinanciación privada subraya la importancia de una inversión activa por parte de las empresas, favoreciendo la sostenibilidad del sistema formativo.
De esta manera, la colaboración entre todos los actores implicados se convierte en un factor determinante para la eficacia del proceso de formación. Esta cooperación no solo garantiza que la formación sea accesible, sino que también asegura su coherencia con los objetivos productivos y el crecimiento de las empresas.
La Representación Legal de los Trabajadores en la Formación Bonificada.
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 694/2017, la representación legal de los trabajadores (RLT) tiene un papel activo en la planificación de las acciones formativas. La empresa debe informar previamente a la RLT sobre las acciones formativas programadas, incluyendo aspectos como la denominación, los objetivos y la descripción de las acciones, el calendario previsto, los medios pedagógicos, los criterios de selección de los participantes y el lugar de impartición, entre otros. Este proceso asegura que los trabajadores estén plenamente informados y que sus derechos sean respetados en relación con la formación recibida.
Este proceso de consulta garantiza la transparencia y permite que la RLT emita un informe en un plazo de 15 días sobre las acciones formativas a desarrollar. La participación de la RLT en la evaluación y revisión de las iniciativas de formación asegura que éstas se adapten no solo a las necesidades de la empresa, sino también a las expectativas y demandas de los empleados.
Si existen discrepancias entre la empresa y la representación de los trabajadores, éstas deben documentarse y resolverse en un plazo de 15 días, sin que ello paralice la ejecución de las acciones y la bonificación correspondiente. La colaboración entre la empresa y la RLT es, por tanto, esencial para cumplir con los requisitos legales y evitar sanciones que podrían afectar el derecho a la bonificación. Este enfoque colaborativo también contribuye a aumentar el compromiso de los empleados hacia la formación, asegurando una participación activa y un aprovechamiento óptimo del proceso formativo.
La Gestión de la Formación en Grupos de Empresas.
La normativa permite a las empresas organizar su formación de manera independiente o en conjunto, facilitando la creación de grupos empresariales para una gestión más eficiente del crédito de formación. Así, cualquier empresa perteneciente a un grupo puede utilizar el crédito formativo asignado a otras empresas del mismo grupo, siempre que no supere el 100% del importe cotizado en concepto de cuota de formación profesional del año anterior. Esta opción representa una ventaja significativa para muchas empresas, ya que permite maximizar el uso de recursos disponibles y garantizar que ningún crédito formativo se desperdicie.
Las agrupaciones empresariales permiten gestionar créditos de formación de forma centralizada, facilitando un acceso más flexible y optimizado a los recursos de formación para todas las empresas del grupo. Esta gestión centralizada puede traducirse en una reducción de costes operativos, mayor control sobre la calidad de la formación impartida y una adaptación más coherente a las necesidades del sector al que pertenecen las empresas involucradas.
Las agrupaciones empresariales también fomentan un mayor intercambio de buenas prácticas entre las diferentes empresas que las conforman. Este intercambio permite que todas las organizaciones del grupo se beneficien de las mejores metodologías y recursos en formación, creando sinergias que se traducen en beneficios tangibles, tanto en términos de productividad como de calidad en los procesos de trabajo.
Cofinanciación privada en la Formación Bonificada.
La cofinanciación privada es otro pilar del sistema de formación bonificada. Según el artículo 17 del Real Decreto 694/2017, las empresas deben contribuir con fondos propios para complementar las bonificaciones recibidas. Esta cofinanciación se evalúa al finalizar el ejercicio formativo, considerando la diferencia entre los costes de formación totales (incluyendo costes salariales) y las bonificaciones aplicadas. Este aspecto asegura que las empresas participen activamente en la inversión en formación y no se limiten a depender de fondos públicos, lo cual incentiva una mejor planificación y un mayor compromiso con la calidad de la formación.
Este requisito de cofinanciación garantiza que las empresas mantengan un compromiso económico en la formación de sus trabajadores, promoviendo una inversión activa y constante en el desarrollo de competencias. Además, este mecanismo de financiación mixta permite una mayor flexibilidad para que las empresas adapten su formación a las necesidades reales de su actividad, al tiempo que acceden a bonificaciones que amortiguan el gasto formativo. La cofinanciación privada actúa como un incentivo para que las empresas vean la formación no solo como un gasto, sino como una inversión.
Asimismo, la cofinanciación ayuda a garantizar la sostenibilidad del sistema de formación profesional para el empleo, distribuyendo la carga financiera entre el sector público y el privado. Este equilibrio en la financiación promueve una mayor corresponsabilidad y motiva a las empresas a seleccionar las acciones formativas con mayor impacto potencial en su productividad y eficiencia. Al contribuir con fondos propios, las empresas están más inclinadas a elegir programas de formación de alta calidad y alineados con sus objetivos estratégicos, lo cual se traduce en resultados más efectivos tanto para los empleados como para la organización.
Resumen final.
La participación de la RLT, la gestión en grupos de empresas y la cofinanciación privada representan elementos clave para una implementación efectiva y legalmente conforme de la formación bonificada. La correcta aplicación de estos principios no solo mejora la calidad de la formación impartida, sino que también contribuye a consolidar una cultura de aprendizaje continuo en el ámbito empresarial, fortaleciendo la capacidad de adaptación de las empresas a los retos del mercado y potenciando el desarrollo profesional de sus empleados.
La colaboración entre la RLT y la empresa, la posibilidad de crear sinergias a través de la gestión en grupos de empresas y la responsabilidad compartida en la cofinanciación son aspectos que permiten optimizar los recursos y maximizar el impacto de la formación. Con la adecuada implementación de estos mecanismos, las empresas pueden cumplir con las exigencias legales y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la formación bonificada.
