Los gobiernos autonómicos siguen repartiendo subvenciones a los sindicatos.

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Los gobiernos autonómicos siguen repartiendo subvenciones a los sindicatos.

En los últimos 20 años el principal error de la Formación Profesional para el Empleo ha sido la gran cantidad de subvenciones asignadas a los agentes sociales (sindicatos y patronal), Ayuntamientos, y otras entidades seudo-ongs, lo que ha motivado una estructura basada en el todo gratis con una calidad y eficacia muy escasa.

Tras el escándalo de las subvenciones a la formación de CIU en Cataluña, y las asignadas a UGT, el gobierno de Andalucía le concede a este sindicato 4 millones de euros más para la orientación laboral, y el gobierno de la Comunidad de Madrid 10 millones de euros para los agentes sociales para la formación de Oferta de ocupados.

En la Orden de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid se convocan para el año 2013 subvenciones para la financiación de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

Los beneficiarios principales de estas ayudas son organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, especialmente en los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados:

Planes de formación intersectoriales y planes de formación sectoriales.

Podrán participar en los planes de formación:

a) Los trabajadores ocupados que presten servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid con código de cuenta de cotización en la misma y estén de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social el día del inicio de la acción formativa. La participación de estos trabajadores en cada plan formativo será, al menos, del 60% respecto del total de trabajadores que inician la formación.

b) Los trabajadores inscritos como desempleados en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. La participación de dichos trabajadores desempleados deberá oscilar entre un 30 y un 40% en el conjunto del correspondiente plan

Para la ejecución de planes específicos compuestos por acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, cuyos beneficiarios son las personas físicas o jurídicas titulares de centros de formación debidamente acreditados en el registro estatal de centros y entidades de formación radicados en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, un importe de 5.000.000 de euros.