LA GESTIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN CONTINUA SE AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN.
El Tribunal Constitucional considera ajustado a la Constitución Española el actual sistema estatal de iniciativas de formación de demanda y de oferta. Así como la legalidad de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
La Generalitat de Cataluña consideraba en una demanda que el Estado había utilizado su competencia normativa en materia laboral para limitar indebidamente, e incluso invadir la competencia autonómica, manteniendo una estructura estatal de carácter centralizada. En su análisis, el Constitucional concluye que ninguna de las funciones atribuidas a los órganos estatales vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de formación continua.
Respecto a las acciones de formación en empresas, incluidos los permisos individuales de formación, entiende el Tribunal que el establecimiento de un determinado modelo de financiación de las acciones de formación en las empresas es una facultad que se inscribe en el ámbito propio de la normativa laboral
Por último, considera que la «unidad de caja de la cuota de formación profesional» tiene por objeto garantizar la unidad financiera del subsistema de formación y su régimen económico, mediante la vinculación de sus fondos al cumplimiento de los objetivos que presiden su funcionamiento.
