El Gobierno presentará este mes en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que será tramitado por el procedimiento de urgencia en el Parlamento, y posteriormente un desarrollo normativo mediante otro Real Decreto posterior y distintas Órdenes Ministeriales.
Algunas novedades son que los agentes sociales dejan de tener mayoría en el órgano de gobierno y no recibirán subvenciones de un modo directo, ya que el 100% de los fondos se distribuyen por libre concurrencia a los centros de formación acreditados.
De los 2.279 millones que el Gobierno destinó en los Presupuestos Generales del Estado a la formación dentro de las políticas activas de empleo, la Formación Continua gasta casi 1.000 millones de euros, mientras que el resto lo administra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE – INEM) para formar a los desempleados. Con los 1.000 millones se formó a casi 4´5 millones de trabajadores, con datos como que en 8 años se ha multiplicado por 5 el número de personas formadas y por 15 el de empresas participantes.
Los fondos se reparten en varias partidas, por ejemplo casi 600 millones para Formación Bonificada de Demanda, que lo bonifican las empresas en los boletines de la Seguridad Social y que sirve para impartir cursos a sus plantillas. Es la única partida que ha crecido en los últimos años, aunque el modelo tiene limitaciones ya que lo utilizan sólo un 61% de las pymes (de 10 a 249 empleados) y sólo el 28% de las micropymes (menos de 10 empleados).
Durante las últimas semanas se especulaba la posibilidad de que la Tripartita se convirtiese en una agencia pública, como la Agencia Tributaria, la Agencia Estatal de Meteorología o la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, pero no será así, ya que seguirá siendo una fundación del sector público estatal, pero como establece la Ley de Fundaciones y como ha señalado el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización, la Administración pasará ahora a tener la mayoría en el patronato. Además, dependerá jerárquicamente de forma directa del Ministerio de Empleo y no del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como hasta ahora. Y en ella estarán presentes también las comunidades autónomas.
Los agentes sociales siempre han propuesto que todos los fondos de formación se financien en cursos para ocupados y no desempleados, pero el nuevo modelo tampoco contempla esa posibilidad. Además, otra novedad consiste en l ano participación de sindicatos y patronal en la definición de las necesidades formativas de los trabajadores y en la asignación de los fondos a través de comisiones sectoriales. La convocatoria de subvenciones de 2013 y 2014 ya incluía modificaciones donde perdían protagonismos los agentes sociales, junto a un pago anticipado del 50% del importe de la subvención, frente al 100% de años anteriores.
También se había anunciado ya la creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, con funciones de seguimiento y control, y también con capacidad efectiva de sanción. Además de un régimen sancionador que determinará la imposibilidad de que los beneficiarios de planes de formación que incumplan la ley vuelvan a trabajar para la Administración Pública en el mismo ámbito de la formación durante, al menos, cinco años. Y se creará un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades.
Además, se han introducido limitaciones en la subcontratación a terceros de los cursos de formación, en busca de una mayor eficacia y calidad en los organizadores de los planes formativos y para poner fin a una red de intereses y favores que se habían ido creando en el sistema durante años. Ya que al final la subvención la recibía aquellas entidades sin medios didácticos ni recursos para impartirlas.
