El Ministerio de Empleo y la Fundación Estatal han aprobado una convocatoria de subvenciones para la formación de trabajadores ocupados con un cantidad de 250 millones de euros procedentes de las cuotas de formación profesional que pagan empresarios y trabajadores.
Es una convocatoria basada en la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, donde se indica que pueden participar centros de formación inscritos o acreditados en un régimen de concurrencia competitiva.
La convocatoria intenta buscar la cualificación de los trabajadores para que impulse la competitividad de las empresas y la mejora de la empleabilidad, permitiendo una participación de hasta un 30% de desempleados, de los autónomos y trabajadores de la economía social. Además, son prioritarias las áreas relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento y la eficiencia energética.
También se ha asignado una financiación adicional a los cursos de acreditación para el ejercicio de las profesiones reguladas relacionadas con la atención sociosanitaria a personas dependientes y el control fitosanitario.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros desglosado en cuatro tipo de planes:
– Formación sectorial (216 millones).
– Formación intersectorial (22 millones).
– Formación intersectorial dirigidos a trabajadores ocupados y socios de la economía social (6 millones).
– Formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos (6 millones).
La ley 30/2015 puso en marcha importantes cambios en la normativa sobre formación para dotarlos de mayor transparencia y evitar los supuestos abusos, así como eliminar la subcontratación y limitar el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25% del importe concedido, hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y como mínimo un 40% del importe concedido se hará pagará una vez finalizado y justificado el curso subvencionado.
También se incrementan los recursos para luchar contra el fraude y se refuerza el régimen sancionador. Asimismo, los costes indirectos no podrán superar el 10% del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
