Qué indica la normativa sobre la Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

Qué indica la normativa sobre la Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

En una economía actual el capital humano es un factor clave para poder competir, por ello, la formación constituye un objetivo estratégico para aumentar la productividad y competitividad de las empresas, y potenciar la empleabilidad en función de las necesidades del mercado laboral. La Constitución indica que se debe buscar el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como a la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección de las situaciones de desempleo.

 

El Estatuto de los Trabajadores señala el derecho a la formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad. Los trabajadores pueden recibir la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, las cuales correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. Pero, junto con la formación bonificada convive otra formación, la de obligatoria impartición por las empresas a sus trabajadores impuesta por una ley, cuyo fin no es la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores formados.

 

La Ley 30/2015 y el RD 694/2017 señalan varios aspectos como que las acciones formativas deberán de guardar relación con la actividad empresarial, pudiendo las empresas organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, o bien, optar por encomendar la organización de tal formación con una entidad externa acreditada y/o inscrita en el correspondiente registro, la cual estará obligada a comunicar el inicio y la finalización de las acciones formativas cuando así lo acuerde con la empresa y, al mismo tiempo, será la que contrate a la entidad de formación para que se impartan las acciones formativas.

 

En la formación programada por las empresas, corresponde a las empresas la planificación y gestión de la formación de sus trabajadores, financiándose esta formación mediante la aplicación de un sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que ingresan las empresas que no tiene carácter de subvención, siendo fundamental en la formación programada, que la formación impartida a través de las acciones formativas de las empresas guarde relación con la actividad empresarial.

 

Se entiende por iniciativa de formación cada una de las modalidades de formación profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta inmediata a las distintas necesidades individuales y del sistema productivo. En particular la formación programada por las empresas, para sus trabajadores. Estas iniciativas estarán dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos

 

La misma normativa señala que las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con la actividad empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad necesaria en sus contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las necesidades formativas de la empresa de manera ágil y ajustar las competencias de sus trabajadores a los requerimientos cambiantes.

 

Y entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios. En la iniciativa de formación bonificada no será obligatorio que las acciones formativas estén referenciadas al citado Catálogo de Especialidades Formativas. En este caso, la duración, contenidos y requisitos de impartición de las acciones formativas serán los que determinen las propias empresas. No obstante, no tendrán la consideración de acciones formativas las actividades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación, y, en todo caso, las que tengan una duración inferior a dos horas.

 

Son áreas prioritarias las consideradas como tales por la Administración laboral competente tanto en el marco de la Estrategia Europea de Empleo y del Sistema Nacional de Empleo como en el de las directrices establecidas por la Unión Europea. En todo caso, son áreas prioritarias las relativas a las tecnologías de la información y la comunicación, la prevención de riesgos laborales, la sensibilización en medio ambiente y aquellas otras que se establezcan con este carácter mediante resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, publicada en el Boletín Oficial del Estado, que podrá incluir las propuestas de las Comunidades Autónomas.

 

Por otro lado, respecto a la Formación en PRL, la formación en prevención de riesgos laborales consiste en desarrollar las capacidades y las aptitudes de los trabajadores para la correcta ejecución de sus tareas, sin que ello pueda provocar un daño para su seguridad o salud o la de terceros. Y se expresa la obligación legal impuesta a la empresa de formar a sus trabajadores en PRL, básicamente se ubica en los arts.19, 20, 32 bis y 37.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, no siendo para la empresa ni graciable ni discrecional cumplir dicha obligación.

 

El art. 19 dispone que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no especifica la modalidad a seguir a la hora de impartir la formación en PRL. En general se suelen utilizar un modalidad en Formación en PRL presencial, Formación en PRL semipresencial (blended-learning, donde una parte del contenido se imparte en modalidad e-learning y el resto de forma presencial), y la Formación Online 100%.

 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

 

En la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la formación de los trabajadores en PRL se regula como un derecho de los trabajadores y una obligación del empresario, este está obligado a garantizar dicha formación y a soportar el gasto generado por su impartición. Es un derecho para el trabajador y un correlativo deber del empresario, de brindarle una protección eficaz en seguridad y salud en su puesto de trabajo o una formación necesaria para el ejercicio de las funciones que el empresario le hubiera encomendado en la organización preventiva de la empresa. Por ello, la formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales no es formación programada por la empresa para responder a sus necesidades cambiantes, mejorar su competitividad y la empleabilidad de sus trabajadores.

 

Por ello, se puede indicar que toda acción formativa trasversal de formación profesional para el empleo en PRL debe guardar relación con la actividad de la empresa. La PRL es declarada área prioritaria en formación profesional para el empleo, para integrar la prevención en la actividad de la empresa. Porque la prevención no es una acción puntual sino una serie de acciones pequeñas y constantes que irán evolucionando y llevándose a cabo en función del desarrollo de la empresa.

 

El legislador persigue que, gradual y paulatinamente, la prevención se incorpore en la empresa, mediante la ejecución de AAFF trasversales, de duración no superior a seis horas, que formen, horizontalmente y en pequeñas porciones o dosis a los trabajadores.

Esta formación trasversal brinda al trabajador una formación preventiva atravesada o cruzada en PRL de carácter genérico en materia de: incendios, evacuación, primeros auxilios, riesgos del sector, etc.

 

No obstante, las AAFF trasversales en PRL tienen una limitación, no pueden tener una duración superior a seis horas. Esta limitación se justifica en razón del fin que persiguen las AAFF trasversales, motivar una formación progresiva, de corta duración, que facilite y conciencie a empresas y trabajadores de las necesidades preventivas genéricas que concurren en la actividad laboral. Sin olvidar que la formación en PRL es obligatorio realizarla en el momento de contratación, independientemente de la duración y el tipo de contrato.

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